En España existen 2,9 millones de empresas. Según datos del informe del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el 99% de ellas son empresas con una estructura mediana y pequeña, más débil, y que sufre más con la situación extraordinaria producida a partir de marzo del 2020.
Por ello se puso en marcha un plan de crédito extraordinario. Según datos del Informe del Banco de España del pasado 17 de marzo del 2021, el volumen de créditos concedidos durante la pandemia ha estado en torno a los 150 mil millones de euros, otorgados a unas 591.500 empresas. Parece una cifra muy elevada, pero si miramos los números con más detalle no lo ha sido tanto.
Cuando las empresas intenten volver a la actividad, algunas de ellas encontrarán serias dificultades, y se deberán cuestionar si vale la pena continuar o bien es mejor cerrar. En muchos casos será necesario que realicen un plan de continuidad. Y así ha comenzado a verlo el gobierno, poniendo en marcha un plan de choque, con la aprobación el pasado 11 de mayo, del código de buenas prácticas para las ayudas directas a empresas y pymes que solicitaron durante el pasado ejercicio créditos avalados por el ICO.
El gobierno ya ha dado una cifra de impago, ya que reservó 3.000 millones de euros como ayudas directas para la reestructuración de la deuda de las pymes, principalmente por causa de la crisis económica derivada del COVID, esto significa un 2,6% del importe concedido.
Aquellas empresas que no puedan hacer frente a los préstamos, después de haber realizado un análisis financiero de su situación, tendrán 3 alternativas:
La fecha límite para acogerse a una de estas alternativas será diciembre de 2022, mientras que para la ampliación de los préstamos avalados por el Estado el plazo finaliza en noviembre de este año.
Las quitas serán voluntarias y negociadas entre el ICO, la banca y la PYME. Debe tenerse en cuenta que el Estado asumirá el 80% de la quita, mientras que el banco se hará cargo del 20% restante, tal y como están otorgados los créditos. Las empresas deberán haber presentado las cuentas de 2020 negativas y con una reducción de su facturación de un mínimo del 30% respecto a la de 2019. La máxima quita será del 50% del principal avalado, aunque se podrá llegar al 75% si la caída de la facturación es superior al 70%.
Será muy importante poder realizar un análisis financiero de la situación y poder saber cómo y cuándo podrán hacer frente a las devoluciones de los préstamos que han recibido.
Por tanto, algunas empresas deberán plantearse un plan de viabilidad, que les permita reestructurar su negocio y decidir qué plan de devolución de préstamos pueden presentar. Cuanto antes se tengan claros estos objetivos, antes se podrá ejecutar el plan para conseguirlos. En algunos casos, se deberá elaborar un plan de choque, dada la gravedad de la situación en la que se encuentran.
El gobierno de España publicó el pasado 16 de junio el PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, donde debemos destacar el apartado tercero.
“DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES Y REFORMAS. El componente 13, como ayudas a las empresas pymes, donde se recogen una serie de ayudas orientadas a apoyar a las pymes, para aumentar su productividad, reforzar sus capacidades y resiliencia, además de la creación de empleo.”
Las inversiones están cuantificadas en un total aproximado de unos 4,9 mil millones de euros. Promoverán cinco puntos clave:
Un informe de los gestores administrativos publicado el pasado 4 de agosto, pone de manifiesto los siguientes puntos:
Un 40% de los gestores administrativos considera que las pymes que no van a pedir ayudas, dado que no cumplirían los requisitos de elegibilidad que se han establecido para las ayudas europeas para empresas; entre otras, estar al corriente de pago con la Seguridad y con Hacienda. Para asegurar la continuidad de la empresa, puede ser necesario realizar un plan de choque que permita a ésta cumplir las condiciones para acceder a los fondos de recuperación.